Las confesiones de directivos de Popular sobre la trama de Luxemburgo arrinconan a Ron en la Audiencia

Los exdirectivos de riesgos de Banco Popular están confesando en la Audiencia Nacional las cuestionables prácticas de Thesan Capital, la trama de sociedades en Luxemburgo del banco,  y están arrinconando al expresidente del banco Ángel Ron. Este lunes, el exdirector de admisión de riesgos reconoció que esta trama se utilizaba para refinanciar empresas en apuros de forma encubierta, y la semana pasada el juez José Luis Calama imputó al exdirector jurídico y hombre de confianza de Ron.

Carlos Fernández, responsable en la época de Ron de admisión de riesgos, declaró ayer ante el juez que la operativa de Thesan «se trataba de una refinanciación que intentaba salvar el mayor valor posible para el Banco Popular, que tenía un recorrido claro, pero que es cierto y es claro que se trataba de refinanciaciones», según fuentes conocedoras de su declaración.

Thesan «era una empresa que gestionaba empresas en dificultades. Las operaciones estaban relacionadas con grupos de acreditados del Banco Popular en los que ya no confiaba el banco, había desconfianza en sus gestores y directivos», según Fernández. Este exdirectivo explicó que la trama «cogía una sociedad vehículo domiciliada en Luxemburgo (por la agilidad que da la legislación luxemburguesa) y el banco pignoraba las acciones de esa sociedad luxemburguesa como garantía, y esta a su vez tenía el control de todo lo de abajo (la sociedad en dificultades)».

Este reconocimiento de la operativa de Thesan confirma las sospechas de Calama, de la Fiscalía y de varios fondos atrapados en la resolución de Popular, como Pimco, de que Popular utilizaba a esta sociedad para evitar que estos grandes créditos a empresas incurrieran en impago y tuvieran que provisionarse como morosos (es decir, que el banco tuviera que apuntarse una pérdida).

Las confesiones se acumulan

Hace dos semanas, el director de riesgos, José María Sagardoy, reconoció también en la Audiencia que Popular traspasó sociedades a la trama luxemburguesa sin provisionar las pérdidas incurridas al adjudicárselas, lo que concuerda con esta tesis y encaja con la declaración de Fernández. «Las nuevas sociedades de Luxemburgo a las que se otorga financiación no se llevaban a provisiones», admitió Sagardoy.

Ante estas confesiones e indicios, la semana pasada Calama dictó un auto en el que imputaba a la mano derecha de Ron en el banco, el exdirector de servicios jurídicos Tomás Pereira, que deberá declarar próximamente. Además, el magistrado reclamó abundante documentación sobre Thesan a Banco Santander (comprador de Popular y heredero de sus actividades) y al Banco de España sobre las empresas refinanciadas con este sistema y las provisiones dotadas, y citó a declarar a varios técnicos de Hacienda.

Esta última citación se explica porque la existencia de Thesan salió a la luz cuando la Agencia Tributaria aportó a la causa en 2018 un informe sobre un entramado societario compuesta por ocho empresas a las que Popular traspasó créditos de por un global de 197,26 millones de euros. Hacienda encontró evidencias de estas prácticas en un registro de un despacho de abogados implicado en el ‘caso Nummaria’ (el que ha llevado al banquillo a Imanol Arias y Ana Duato por supuesto fraude fiscal). El juez Calama sospecha que Ron utilizó estas firmas luxemburguesas para ocultar pérdidas y falsear así la contabilidad del banco en la ampliación de capital de 2016, que es el objeto de la instrucción en la Audiencia.

Mediante esta trama, el banco se quedaba con esas sociedades cuyos activos habían perdido casi todo su valor por el hundimiento del mercado inmobiliario, algo que hicieron todas las entidades al estallar la burbuja. Pero mientras las demás provisionaron esa pérdida de valor en sus cuentas de resultados (esa fue la causa que llevó a la quiebra a numerosas cajas de ahorros), Popular las traspasó a Thesan. En la práctica, era una refinanciación, tal como reconoce Fernández, pero sin hacer esos saneamientos a los que obliga la normativa contable al ocultar las pérdidas en Luxemburgo.

Financiación de acciones y tasaciones inmobiliarias

Esta trama está cogiendo fuerza en la instrucción del caso, pero Calama también está apretando a los exdirectivos por otras dos actuaciones del banco que también pueden ser constitutivas de delito al servir para falsear las cuentas de la ampliación. Por un lado, la financiación de la compra de acciones a clientes del banco sin restarse el importe del capital, como también obligan las normas. Algo que algunos directivos detectaron a principios de 2017 pero que no se investigó hasta que llegó Emilio Saracho a la presidencia.

Hace dos semanas, la exdirectora de auditoría interna -que fue imputada cuando declaró como testigo- admitió que no hizo nada entre enero y marzo de 2017 para comprobar si se había financiado la compra de acciones pese a haber sido alertada de esta práctica.

La última línea de investigación es el presunto falseamiento de las tasaciones de los inmuebles adjudicados por el Popular para reflejar un valor muy superior al real y, de nuevo, no tener que apuntarse la pérdida en sus cuentas.